Los coberonchos se dedicaban en su mayoría a la fabricación de paño castellano y para ello tenían que viajar continuamente a Segovia a lavar la lana, ya que allí se encontraban los lavaderos más importantes de la zona. Solían salir en carretas de madrugada y volvían al atardecer. El sol les daba de cara tanto a la ida como a la vuelta, por lo que, ante tamaña molestia, decidieron querellarse contra él.

 

No tuvieron suerte. El juez falló a favor del Sol, que llevaba más tiempo saliendo por la mañana que los de Cobos haciendo sus viajes a Segovia. Eso sí, el magistrado les indicó que para solucionar el problema debían viajar en sentido contrario, salir al atardecer y regresar al amanecer.

 

La fe en la justicia de estos castellanos era tan exacerbada que en 1650, después de que durante tres años una plaga de langostas arruinase las cosechas, y de que el recurso a las hogueras y los exorcismos no dieran el fruto apetecido, los coberonchos decidieron recurrir a su arma letal máxima: poner un pleito.

 

Se exigía la excomunión de las langostas y se las conminaba a abandonar la zona en 24 horas. El tribunal les dio la razón, pero las langostas no sabían leer y la justicia no supo ejecutar la sentencia, de modo que la plaga terminó de forma natural.

 

La historia viene a cuento por la extrema litigiosidad de los españoles. Continuamente estamos de pleitos entre nosotros o contra la Administración. En la apertura del año judicial de 2009, el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, explicó que la Sala de lo Contencioso tenía bloqueados fondos por importe de más de 6.000 millones de euros en litigios pendientes, que ya entonces afectaban a la economía nacional, y que seguro que a estas alturas serán más, porque nadie se ha apuntado la medalla de haberlos rebajado y cada vez que preguntas por ellos, el interlocutor o no responde o se mira los zapatos y musita quedo: "Manzanas traigo".

 

Como ni las plagas duran mil años, finalmente, parece que este asunto de los millones congelados está en vías de solución. Aunque con año y medio de retraso, Dívar anunció un refuerzo de 19 magistrados y nueve letrados en la plantilla del gabinete técnico del Supremo; es decir, mano de obra no barata, pero sí más barata que los magistrados del alto tribunal, para paliar el problema.

 

Pero como no parecía suficiente, ahora se ha reunido con Zapatero y con Rajoy para pedirles que tramiten con urgencia las reformas legales para la agilización de la justicia que, según él, solucionaría definitivamente el problema y permitiría celebrar el año que viene por todo lo alto el bicentenario del Supremo.

 

La agilización no es otra cosa que reducir drásticamente la posibilidad de que los ciudadanos que hayan perdido un pleito puedan recurrir al Supremo, a base de endurecer las condiciones para poder hacerlo.

 

Como la dicha dura poco y rara vez es completa, el Consejo General de la Abogacía ha criticado duramente la medida porque "restringe, reduce y hasta anula en algunos casos el derecho de defensa y merma derechos fundamentales de los ciudadanos". Su presidente, Carlos Carnicer, ha señalado que la eliminación de los recursos "perjudica a los ciudadanos, limita el derecho de defensa y merma la tutela judicial efectiva".

 

El Poder Judicial alega para justificar la medida que el 85% de las sentencias dictadas en la primera instancia se confirma en el Supremo. No es eso lo preocupante, sino las 15 resoluciones de cada 100 que son revocadas por incorrectas. ¿Qué pasa con esos ciudadanos? Pues supongo que tendrán menos confianza en la justicia que los de Cobos, y deberán resignarse.

 

Sea como sea, está claro que la reducción de los recursos servirá para aliviar al Supremo, pero no para acabar con la infinita congestión en muchos juzgados y tribunales que están señalando los juicios para dentro de tres y cuatro años.

 

Como decía Serrat: "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".